Los Jóvenes y la Democracia

¿POR QUÉ EL DERECHO DEMOCRÁTICO DE LOS JÓVENES NO SE RESPETA
¿POR QUÉ LOS JÓVENES SÓLO PODEMOS ELEGIR Y NO PODEMOS SER ELEGIDOS?

El principio en el que se basa nuestra democracia es el derecho, que posee todo ciudadano, a elegir mediante el voto a nuestros representantes ante los poderes públicos del Estado y a ser elegido como tal sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, ya sea de raza, sexo, credo, tendencias ideológicas o políticas. Una restricción de cualquier índole a cualquier ciudadano boliviano atentaría contra este derecho democrático fundamental.

En nuestro país sucede un hecho contradictorio a este principio fundamental: en el código electoral, en las convocatorias para elecciones y en nuestra propia constitución, entre los requisitos para ser candidato se incluye límites de edad mínima, discriminando y excluyendo así a todos los ciudadanos con una edad menor a estos límites, como si la democracia consistiera en que todos tengamos el derecho a elegir, pero sólo una parte del pueblo el derecho a ser elegido.

De esta forma se margina a un sector mayoritario de nuestra sociedad nacional y se atenta contra un derecho democrático imprescindible. Por ejemplo, para postular a ser elegido presidente de la República se requiere una edad mínima de 35 años, igual que para ser elegido Senador, y para Diputado 25. En la convocatoria efectuada para la elección y selección de prefectos, el mínimo de edad requerido es de 25 años. Esta es una discriminación tan grande como la que se vivió cuando las personas que no sabían leer ni escribir y las mujeres fueron excluidas de la vida democrática; hoy se está marginando a la juventud de la toma de decisiones en nuestro país y se está impidiendo nuestra participación democrática completa.

Al tratar de encontrar un justificativo para esta exclusión se podría pensar que esta restricción es válida en la medida que protege los intereses del Estado, ya que se requiere a una persona con “un cierto nivel de preparación y madurez” para dirigir a todo un país o a toda una región y el destino de la población que lo habita. Esto sería como decir que una persona al pasar de los 34 a los 35 años como por arte de magia se transforma y se convierte en alguien mejor, lo que de ninguna manera llega a ser válido, ya que no existe una relación estricta y total entre madurez, conocimiento, capacidad y edad. Pero aunque así fuera, si se respeta el principio democrático y los derechos que la democracia confiere a los ciudadanos –como debe hacerse-, este fundamento no avalaría una discriminación tan injusta, como si un ciudadano al pasar de una edad a otra recién tuviera la potestad de hacer uso de un derecho que antes “poseía” pero no podía ejercer, eso sería ir en contra de la democracia misma.

No podemos seguir permitiendo que un ciudadano sea impedido en el uso de sus derechos y excluido de la vida democrática del país simplemente por su edad, así como tampoco se lo puede excluir por su raza, su sexo, su ideología, su religión o su nivel de ingresos. En vida democrática el único que debe juzgar la capacidad de un postulante es el pueblo, que a través de su voto se inclinará por quién considere más apto para llevar adelante al país y guiar el destino de todos. No se puede concebir que una persona sea prejuzgada en su capacidad y madurez sin siquiera tener la oportunidad de demostrar lo contrario tan solo por su edad.

¿ACASO LOS JÓVENES NO SOMOS PARTE DE LA CIUDADANÍA?

En el momento en el que una persona es reconocida como ciudadano o ciudadana adquiere los derechos y las obligaciones que la ciudadanía confiere y nadie, absolutamente nadie puede quitar esos derechos. Si los principios en los que se fundó nuestra patria son igualdad, libertad y justicia; ¿dónde está la igualdad si quienes tenemos menos de 35 años somos tratados como ciudadanos de una categoría inferior cuando de usar nuestros derechos se trata, y quienes tienen más que esta edad tienen acceso a los derechos que a nosotros se nos quita?; si a un ciudadano joven que desea contribuir al desarrollo de nuestra nación y representar a nuestra gente no se le permite participar ¿dónde está la libertad?. Finalmente si no existen igualdad ni libertad ¿cómo esperamos que exista justicia entre nosotros?. Si estos principios, que son la base de nuestra vida en sociedad, no son respetados, se convertirían en simples palabras y dejarían de ser los ideales que impulsaron el nacimiento de nuestro país.

Al despojar de un derecho democrático fundamental a la juventud estamos ante una discriminación tan grande como la que se vivió antes del voto universal, cuando la mayoría de los bolivianos fueron excluidos de la vida democrática del país tan solo porque un grupo de personas creyó que no merecían participar. Hoy a los jóvenes se nos quita la mitad de nuestro derecho democrático bajo ese mismo criterio.

Esta postura, además de atentar contra este derecho fundamental y llevarnos contra la igualdad y la equidad en el país, perjudica el desarrollo de nuestra nación, ya que entre los jóvenes existe con mayor frecuencia un idealismo puro, que con el paso del tiempo tiende a desgastarse y contaminarse, que sumado al ímpetu característico de esta etapa de la vida puede contribuir mucho al país. Al imposibilitar la participación activa de los jóvenes en la vida política nacional esta posición injusta es causante directa de la falta de nuevos líderes en nuestro país.

Con esta actitud existe gente que sin hablar nos dice: “los jóvenes tienen los mismos derechos que nosotros; pero desde nuestro punto de vista aún no los merecen o no los necesitan, así que deben conformarse con simplemente poder elegirnos”.

Esta situación arbitraria e injusta se vuelve inadmisible desde todo punto de vista en un momento en que no se puede tolerar la discriminación y no se debe vulnerar un principio de igualdad tan importante, marginando a un sector mayoritario de la ciudadanía de los procesos más importantes para todo nuestro país. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que en nuestra sociedad, para lograr que la situación en que vivimos mejore no basta con conocer lo que debe cambiar, sino que se debe participar de forma activa para lograr ese cambio sin quedar indiferentes ante lo que nos afecta día a día. Debemos lograr que el derecho de todos sea reconocido y respetado para construir una sociedad más justa y equitativa, donde podamos progresar todos juntos como nación.